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El análisis de Carlos López-Jones
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Este viernes 30 de octubre hubo una megamarcha nacional de trabajadores del IMSS. El motivo fue rechazar la propuesta de aumento salarial al tabulador de 4%, dentro de un paquete que el instituto presenta como un aumento global de 8%, pero los inconformes piden 10% directo al tabulador.
La dirigencia sindical encabezada por Rafael Olivos enfrenta peticiones de renuncia ante las sospechas de que el sindicato está negociando sin consultar a la base laboral. Es preciso recordar que recordar que Olivos fue candidato suplente a diputado federal por Morena en 2024, lo cual despierta suspicacias.
Con una inflación esperada de 3.9% al cierre del año, según la encuesta de Citi, la ganancia real es de una décima. Ese 8% global que propone la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, suma dos incrementos de 4% sobre conceptos distintos, el tabulador y la ayuda de renta de un porcentaje similar, pero no equivale a 8% del ingreso total.
Si una persona gana 12,000 pesos, 10,000 en tabulador y 2,000 en apoyo de renta, ahora percibiría 10,400 en tabulador y 2,080 en apoyo de renta, es decir 12,480, un aumento de 4%, muy lejos del 8% que dice la propaganda.
El IMSS no es el único contrato gubernamental relevante que se está acordando en este momento. En la UNAM también arrancó la revisión salarial, el pasado 28 de octubre hubo consulta a los trabajadores para aceptar un aumento de 4% sindicato directo al salario.
El STUNAM pide 20%, cabe recordar que el año pasado aceptó 4%.
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A nivel nacional, en diciembre la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI) definirá el salario mínimo de 2027. La meta oficial de llegar a 2.5 canastas básicas en 2030 y ello implica incrementos cercanos a 12% anual, como el de 2025 (12%) y el de 2026 (13%). El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que acompañó los aumentos anteriores, ahora propone que suba solo conforme a la inflación, alrededor de 3.8%.
Su presidente, José Medina Mora, advierte que un aumento fuerte destruiría empleos formales, en un país donde casi todo el empleo nuevo es informal, lo mismo piden otras cámaras empresariales como la COPARMEX, por ejemplo.
Es importante señalar que los datos oficiales del INEGI indican que 47% de los ocupados gana hasta un salario mínimo, y la informalidad ronda 55%. Si el salario mínimo vuelve a subir 12%, las micro y pequeñas empresas que hoy ofrecen prestaciones a sus trabajadores, podrían ya no hacerlo, manteniendo las plazas, pero sin derecho al IMSS, INFONAVIT, Afore, porque los costos serían muy altos y lo que gana un trabajador informal, actualmente 8,000 pesos en promedio, no llegará a los 10,500 que pretende el gobierno.
Así, el gobierno como empleador, ofrece a su personal casi lo mismo que el CCE propone para el mínimo, inflación más una décima. Y como autoridad, pide al sector privado un esfuerzo mayor. Son poblaciones y presupuestos distintos, en este caso la coherencia importa cuando se pide sacrificio ajeno. Un gobierno que quiere salarios dignos tiene más autoridad si empieza por los que paga.
La solución de fondo es la productividad, reducir el costo de formalizar los empleos y que los aumentos se paguen con crecimiento y no con la reducción de plazas laborales. Mientras no ocurra, cada octubre veremos marchas por décimas y cada diciembre una negociación que nadie considera suficiente.
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Sobre el autor
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- Carlos López-Jones, es Director de Consultoría Empresarial en Tendencias Económicas y Financieras
- Columnista, conferencista y colaborador en radio y TV en temas especializados de economía y finanzas
- En El Podcast de Carlos López Jones en Spotify y en Apple Podcast El PodCast de Carlos López Jones
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