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El comentario de Jesús Ortega
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Los líderes del partido Morena, especialmente López Obrador y Claudia Sheinbaum, llevan a cabo un ominoso comportamiento político que pretenden disfrazar de virtud. Consiste en hacer alarde de una supuesta superioridad moral para minimizar a todo contrincante, para descalificarlo a priori y así tratar de vencer en todo debate o confrontación programática sin siquiera presentar los más elementales argumentos.
Se asumen moralmente superiores y, por lo tanto, no escuchan, no dialogan, no razonan, no confrontan ideas o pensamientos, no discuten, no presentan datos ni argumentos, debido a que de antemano han declarado a sus interlocutores como personas moralmente incapacitadas.
Presumir una supuesta superioridad moral ha sido un recurso para justificar abusos o para tratar de legitimar el autoritarismo que ejercen estos personajes y otros líderes políticos o religiosos.
Es común escuchar a esos déspotas sentenciando lo siguiente:
“Ustedes no tienen autoridad moral para confrontarnos”; “No discutiré nada con la oposición, que es moralmente inferior”; “¿Cómo se atreven a cuestionarme si son moralmente inferiores?”; “¡Les venceremos porque somos moralmente superiores!”.
Estas frases no son argumentos, son groseras exclusiones.
Desde luego que en la vida política se deben confrontar valores; eso es necesario e inevitable. El problema aparece cuando quien gobierna convierte su propia moral en criterio absoluto de legitimidad y, desde ahí, cancela la deliberación pública.
Esa es la operación que vuelve peligrosa la supuesta superioridad moral: transforma una diferencia política en una descalificación existencial.
Esta argucia es muy antigua, tanto como las guerras que se explican con el propósito de imponer a sus dioses al conjunto de un grupo, de un pueblo, de una sociedad y, en realidad, tales exclusiones han sido utilizadas por todos los grupos religiosos o por aquellos de carácter político.
Gobiernos totalitarios, autocracias y, desde luego, las teocracias han usado la moral como religión de Estado. El poder autoritario siempre elude presentarse como inmoral y, en sentido contrario, procura presentarse como una moral que se convierte en gobierno.
Robespierre, por ejemplo, fustigaba a las monarquías por su atrevimiento de legitimarse por una supuesta ascendencia divina. Sin embargo, el líder de los jacobinos no dudó en enviar a Luis XVI y a su familia, así como a muchos de sus compañeros revolucionarios, a la guillotina y, además, hacerlo… ¡en el nombre de una moral y de una iglesia, bautizadas por el mismo Robespierre como de la virtud!
Otros casos más recientes los podemos encontrar en algunos de los líderes fascistas surgidos en los principios del siglo XX. Hitler, por ejemplo, invadió Polonia y con ello inició la Segunda Guerra Mundial, que significó la muerte de decenas de millones de personas, con el argumento de que el pueblo alemán, que había sido oprimido, merecía “una reparación moral”.
Esa reparación moral consistía, según Hitler, en la destrucción del Estado polaco, la eliminación de los judíos, para con ello alcanzar, en un primer paso, lo que el Führer llamaba “el reordenamiento racial del Este”.
Como se puede observar, había entre los nazis la idea de una superioridad racial y, desde ello, una pretendida superioridad moral. En la revolución bolchevique toda idea de superioridad se encontraba referida al contenido de clase.
Si la clase burguesa significaba atraso y decadencia, la clase proletaria era su antípoda y, por lo tanto, significaba el avance, el desarrollo, la prosperidad e incluso alcanzar, por fin, la felicidad de la humanidad.
Pero hay que decir que Marx siempre rechazó la idea de una moral proletaria. La supremacía proletaria era resultado del desarrollo de las fuerzas productivas y del proceso histórico que se llevaba a cabo en las sociedades capitalistas.
Quien sí habló de una moral comunista fue Stalin, que entendía la moral bolchevique como aquella que está absolutamente subordinada al pensamiento del dictador. En los juicios de Moscú se invocó frecuentemente la moral comunista como algo fundamental para derrotar al capitalismo, a tal grado que la denuncia, la delación, incluso de familiares, y la violencia del Estado se transformaron en virtud revolucionaria.
Pero los “enemigos de la clase obrera” eran los que nombraba Stalin. Las teocracias legislaron (y lo siguen haciendo ahora) sobre una moral que conduciría, de manera directa, hacia el cielo. Así actúan la teocracia iraní y la teocracia israelí, que se disfraza de república.
El nazismo habló de la moral sostenida en la superioridad racial; el estalinismo, de una moral de clase; el populismo en México, de una moral soportada en los delirios de un caudillo mesiánico. Pero en todos los casos, el procedimiento es el mismo: una visión particular y hasta personal del bien que se eleva a ley de la historia.
Conviene, entonces, no confundir los términos. La moral es un conjunto de costumbres, valoraciones y normas a las que se puede sujetar una persona o un grupo o incluso una nación. La ética es la reflexión crítica sobre esas normas.
La ética pregunta por su justificación, su alcance y su costo. La moral tiende a ser densa e identitaria. La ética, si sirve para la vida en común, tiene que poder argumentarse razonablemente ante quien no comparte el mismo dios ni el mismo manual ni el mismo delirio.
Por lo tanto, no hay una moral superior en el sentido en que lo pretenden los púlpitos de las iglesias o los que se levantan en los foros políticos. Lo que hay son diversas visiones sobre la moral y sobre lo que está bien. Para unos, la homosexualidad es pecado; para otros es, simplemente, una forma de vida privada entre adultos.
El dato no obliga al relativismo perezoso — el asesinato, la esclavitud, la violencia, el crimen, la tortura no se vuelven aceptables porque alguna comunidad o algún político fanático los ritualizó — , pero sí obliga a una distinción política: el Estado no puede monopolizar la respuesta completa a la pregunta “¿cómo debo vivir?” sin volverse iglesia o partido-iglesia.
De ahí la diferencia entre moral personal y ética pública. La primera puede ser exigente, religiosa, comunitaria e incluso intransigente. Ahí cada quien se juega el sentido de su vida. La segunda es un piso: vida digna para todas y todos, no agresión, igualdad ante la ley cívica, debido proceso, pluralismo, tolerancia, rendición de cuentas.
La ética pública no dice cómo ser feliz. Dice qué no se le puede hacer al otro y menos con el uso del aparato del Estado. Adela Cortina habló de una ética cívica de mínimos; John Rawls, de una concepción política de la justicia, distinguible de doctrinas comprensivas que el poder no debe imponer.
Una constitución política sí encarna una ética pública. No es un texto vacío: por ejemplo, prohíbe la esclavitud, limita el mando, reconoce y crea derechos y obligaciones de las y los ciudadanos, pero no puede — ni debe — cargar una visión moral única: ni el matrimonio santo de una iglesia, ni la dieta virtuosa de una secta, ni los mesías o los partidos predestinados. El día que lo hace, deja de ser pacto entre desiguales y se vuelve catecismo.
Hannah Arendt describió el extremo de ese secuestro. En Los orígenes del totalitarismo no vio solo una tiranía más cruel, sino una forma nueva de dominación. Su esencia no es la arbitrariedad del déspota, sino la alianza de ideología y terror.
La ideología es la lógica de una sola idea que explica todo el pasado, el presente y el futuro. El azar desaparece; cada hecho se vuelve ejemplo; quien no encaja es “enemigo objetivo”, definido por la teoría, no por lo que hizo. El terror se vuelve permanente y se crea un círculo de hierro que, a la larga, no distingue entre verdugo y víctima.
El súbdito ideal para los totalitarismos, escribió, no es el fanático convencido. Es aquella persona para quien ya no existe la distinción entre hecho y ficción, entre verdadero y falso.
Antes de matar el cuerpo, el laboratorio totalitario asesina tres personalidades: la jurídica, cuando se saca al individuo de la ley y lo convierten en un prófugo; la moral, cuando la solidaridad y la conciencia son catalogadas como actos ridículos; y la individual, cuando al individuo se le despoja de su identidad y pasa a ser parte de una masa amorfa (el pueblo), en donde todas y todos han perdido su condición de seres humanos.
Más tarde, ante Eichmann, Arendt afinó otra pieza: el mal puede ser extremo sin ser profundo. No hace falta un demonio. Basta alguien incapaz de pensar desde el punto de vista del otro, atrapado en clichés y en la obediencia burocrática. “Banalidad del mal” no significa que el crimen sea banal. Significa que el criminal puede ser espantosamente ordinario.
Max Weber había advertido el mismo desvío con otras palabras: la ética (la moral) de la convicción — obro según mi principio, caiga quien caiga — contra la ética de la responsabilidad, que responde por las consecuencias.
La política moralizante vive de la primera y elude la segunda. Las guerras de religión y las dictaduras en nombre del Bien no fueron accidentes de la fe: fueron el costo de convertir una moral de máximos en programa de Estado.
Por eso, la pretensión de superioridad moral no es un adorno retórico. Es un método. Despolitiza el conflicto: ya no hay intereses que defender o ideas por las cuales luchar, sino que la sociedad es polarizada en virtuosos y réprobos; inhabilita al interlocutor: si carece de autoridad moral, no hay que responderle; y justifica la excepción: el fin absuelve los medios.
La respuesta republicana no es “nosotros somos más buenos que ustedes”. Debe ser otra: que nadie gobierne por gracia y por mandatos ilimitados en el tiempo. Se gobierna con mandato limitado, instituciones y oposición.
Una sociedad puede — y debe — discutir qué es justo. Lo que no puede hacer, sin pagar un precio histórico ya conocido, es dejar que el que manda se reserve el monopolio de lo decente. Cuando el poder necesita que uno deje de pensar por su cuenta para poder llamarse bueno, ya no está hablando de moral. Está ensayando dominación.
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Jesús Ortega Martínez
Ingeniero químico y político mexicano, quien ha sido Diputado Federal en tres ocasiones, así como Senador de la República. Diputado Constituyente en la Ciudad de México, ex Presidente Nacional del PRD, opositor al populismo. Socialdemócrata.
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