Han pasado once meses desde que el Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma para limitar las operaciones de plataformas como Airbnb a 182 noches por año y prohibir su uso en viviendas sociales. Sin embargo, la medida sigue sin aplicarse plenamente, bloqueada por una ola de amparos interpuestos por anfitriones y la propia compañía.
Mientras tanto, el fenómeno de la gentrificación no se detiene: las rentas continúan al alza, los desalojos se multiplican y las protestas vecinales han estallado en barrios emblemáticos de la capital.
Una ley detenida en tribunales
La reforma de octubre de 2024 buscaba poner freno a la especulación inmobiliaria, sancionando a anfitriones que excedieran las 182 noches anuales con multas, clausuras y la pérdida de su registro por un año. También prohibía que viviendas de interés social o reconstruidas con fondos públicos fueran destinadas al arrendamiento turístico.
No obstante, la implementación quedó congelada por juicios de amparo. Airbnb argumenta que la normativa daña a pequeños anfitriones y vulnera la libre competencia, mientras que colectivos ciudadanos critican que la parálisis judicial mantiene abierto el camino a la especulación.
El mapa de la gentrificación crece
Datos del Mapa de la Gentrificación, elaborado por Jerónimo Monroy, muestran que colonias como Roma Norte, Condesa, Hipódromo y Tabacalera concentran cada vez más inmuebles de renta temporal. En la alcaldía Cuauhtémoc, nueve de las diez colonias más afectadas están bajo fuerte presión del modelo Airbnb.
Aunque entre 2024 y 2025 hubo una ligera baja en el número de propiedades registradas, especialistas advierten que se trata más de un ajuste estadístico que de una caída real de la oferta.
Desalojos y protestas en ascenso
La tensión social ha escalado. En agosto, la alcaldía Cuauhtémoc vivió dos desalojos forzosos en apenas dos días, dejando a decenas de familias en la calle. Vecinos y colectivos denuncian que detrás de estos procesos hay intereses ligados al mercado turístico.
A la par, desde julio se han realizado marchas contra la gentrificación, con consignas dirigidas tanto al encarecimiento de la vivienda como al papel de los extranjeros en este fenómeno. Las protestas han generado debate sobre posibles tintes xenófobos, pero también visibilizan el hartazgo de comunidades desplazadas por los altos precios.
Un nuevo plan habitacional en marcha
Ante la crisis, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó en julio un plan integral de 14 puntos para enfrentar los abusos en las rentas y reforzar la vivienda pública.
Entre las medidas destacan:
- Creación de una Defensoría de Derechos Inquilinarios.
- Una ley de rentas justas que limite los incrementos al índice de inflación.
- Un observatorio de suelo y vivienda para monitorear precios.
- Inversión de 9,000 millones de pesos en 2025 con la meta de realizar 200,000 acciones de vivienda hacia 2030.
El plan incluye también un seguimiento más estricto a plataformas digitales, aunque sin detallar aún cómo se coordinará con la reforma trabada en tribunales.
¿Hacia dónde va la CDMX?
La capital mexicana vive una paradoja: cuenta con una de las regulaciones más duras de América Latina contra Airbnb, pero al mismo tiempo no logra aplicarla.
Mientras los tribunales deciden, la gentrificación avanza, los desalojos crecen y las protestas ciudadanas se intensifican. Lo que ocurra en los próximos meses será clave para definir si la Ciudad de México puede recuperar el control de su mercado inmobiliario o si la especulación seguirá marcando la pauta.
