Donald Trump afirmó en su discurso que Estados Unidos administrará Venezuela y que las empresas petroleras norteamericanas invertirán miles de millones de dólares para extraer crudo, financiar la intervención y recuperar la riqueza del país.
La nueva presidenta, Delcy Rodríguez, quien hasta hace poco ocupaba la vicepresidencia, ya ha extendido una mano de cooperación hacia Washington. Todo indica que este desenlace fue previamente negociado, lo que evita fracturas en la cúpula militar venezolana y neutraliza la posibilidad de un golpe de Estado.
En los próximos meses, es probable que Rodríguez busque una salida pactada con los altos mandos señalados como parte del Cártel de los Soles.
El escenario más plausible es que se les garantice impunidad y el disfrute de sus fortunas, incluso mediante una eventual Ley de Amnistía. Con ello, el país podría transitar hacia una etapa de paz relativa y convocar elecciones democráticas en las que la oposición finalmente se alce con el triunfo.
Aunque Venezuela figura en los informes de la OPEP como el país con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo —303.8 mil millones de barriles según datos de 2022— esta cifra proviene exclusivamente de estimaciones oficiales del gobierno de Hugo Chávez y no ha sido auditada por organismos internacionales independientes.
La clasificación como “reservas probadas” responde a criterios internos del Estado venezolano, sin verificación técnica externa, lo que ha llevado a especialistas y analistas energéticos a considerar esta cifra como teórica o simbólica más que como un dato confiable para el mercado global.
No existen reportes independientes que confirmen tal volumen de reservas, pues la OPEP confía en la información proporcionada por sus miembros y los estudios de PDVSA son propiedad exclusiva de la empresa.
Analistas externos sostienen que, aun si las reservas fueran reales, solo unos 25,000 millones de barriles serían técnicamente extraíbles. El resto se encuentra en formaciones geológicas complejas, contaminadas con otros minerales y con costos de extracción superiores a los 80 dólares por barril.
Incluso esos 25,000 millones de barriles representan un crudo pesado, apto para refinación, pero menos valioso que el crudo ligero. En el mercado norteamericano, su precio ronda los 45 dólares por barril, muy por debajo de lo que se necesitaría para garantizar rentabilidad.
Trump reconoció en su intervención del 3 de enero que la infraestructura petrolera venezolana está en ruinas y las empresas petroleras especializadas estiman que se requerirían al menos 100,000 millones de dólares para que el país vuelva a producir tres millones de barriles diarios.
El problema es que semejante inversión solo sería viable si el precio del WTI se mantuviera por encima de los 60 dólares durante una década. Hoy, los costos de extracción del crudo pesado venezolano oscilan entre 30 y 35 dólares por barril, mientras el mercado lo paga a 45. La ecuación es desfavorable.
En este contexto, la apuesta por el petróleo venezolano se convierte en una jugada arriesgada: 100,000 millones de dólares con escasas probabilidades de éxito en un mercado global sobre ofertado, donde Arabia Saudita conserva la capacidad de aumentar su producción para bloquear la entrada de nuevos competidores.
La intervención en Venezuela revela que el narco no es el verdadero objetivo, sino el pretexto. Lo que está en juego es la reafirmación de la hegemonía estadounidense en el continente bajo una versión contemporánea de la Doctrina Monroe.
Trump no apuesta a que Venezuela se convierta en un motor energético rentable —los números muestran lo contrario—, sino a que se convierta en un símbolo de poder: un recordatorio de que América Latina sigue siendo el tablero donde Washington decide quién gobierna, quién negocia y quién queda fuera del juego.
En este sentido, la operación militar no es un proyecto económico, es un movimiento geopolítico. Venezuela es el mensaje: Estados Unidos no permitirá que potencias externas como China o Rusia se afiancen en la región. El petróleo, con todas sus dudas y limitaciones, funciona como la narrativa legitimadora, pero el verdadero propósito es político.
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Sobre el autor
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- Carlos López-Jones, es Director de Consultoría Empresarial en Tendencias Económicas y Financieras
- Columnista, conferencista y colaborador en radio y TV en temas especializados de economía y finanzas
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