Guanajuato, México. – A través de un video difundido en TikTok por la cuenta @samanthaa.boag, el cirujano Saúl de la Vega Salinas denunció públicamente haber sido víctima de intentos de privación ilegal de la libertad y agresiones físicas, en hechos que atribuye directamente a su hija, la doctora Carolina de la Vega Rojas.
El testimonio del denunciante
En su declaración, De la Vega relató que el 28 de noviembre en su consultorio de Manuel Doblado varias personas habrían intentado inyectarle una sustancia desconocida. Posteriormente, el 23 de junio aseguró haber sido sacado de su domicilio en León y trasladado a la fuerza a una supuesta clínica de rehabilitación. Según su versión, fue liberado tras la intervención de sus hermanos y la exigencia ante el Ministerio Público de Purísima del Rincón.
Más tarde, el 30 de julio, denunció un segundo ataque en el que tres individuos lo habrían sometido frente a su casa, y donde su hija supuestamente intentó inyectarle otra sustancia. Dijo que gracias a la intervención de vecinos logró evitarlo, aunque pese a la llegada de la policía municipal no hubo detenciones.
De la Vega acusa que, a pesar de haber presentado denuncias por privación ilegal de la libertad, no ha habido avances visibles en las investigaciones y que incluso fue citado a una audiencia de conciliación con su hija, la cual rechazó. En su mensaje, señaló:
“Hago pública esta denuncia porque siento que mi vida está en peligro (…) Carolina ha cometido dos secuestros y no ha sido detenida en ninguno de los casos”.
¿Quién es Carolina de la Vega?
De acuerdo con información pública aún disponible en el portal especializado Doctoralia (consultada el 25 de agosto de 2025), la doctora Carolina de la Vega se presenta como:
- Médico general y especialista en obesidad y delgadez.
- Con cédulas profesionales 5096787 y 09260783.
- Atiende en consultorios de Mérida, Yucatán, incluyendo el Centro de Especialidades Médicas del Sureste (Calle 60 No. 329, Mérida).
- Su perfil destaca experiencia en nutriología clínica, bariatría y enfermedades metabólicas.
- Cuenta con al menos 8 opiniones verificadas de pacientes entre 2019 y 2020, quienes resaltan su atención profesional, seguimiento en tratamientos para obesidad y control metabólico.
Este perfil profesional sigue disponible en línea a la fecha de esta publicación, aunque es importante señalar que la información en portales privados puede ser modificada o eliminada en el futuro.
@samanthaa.boag Favor de compartir, no es posible que alguien que ha intentado cometer DOS veces un delito tan grave y siga libre
♬ sonido original – samanthaa
Contexto legal: ¿qué procede en estos casos?
Un señalamiento de la gravedad expresada en el video requiere seguir un procedimiento jurídico formal. En México:
- Para el denunciante:
- Presentar la denuncia ante el Ministerio Público y aportar pruebas (certificados médicos, testigos, grabaciones, etc.).
- El MP debe iniciar una carpeta de investigación, solicitar peritajes y, de ser el caso, judicializar el proceso.
- En delitos graves como secuestro o privación ilegal de la libertad, la persecución es de oficio.
- Para la persona denunciada:
- Derecho a ser informada de los cargos, contar con defensa legal y aportar pruebas en su favor.
- En caso de que las acusaciones resulten falsas, la persona puede proceder legalmente por falsedad de declaraciones o daño moral.
- Si las acusaciones se comprueban, podría enfrentar sanciones penales severas, ya que el secuestro es un delito grave contemplado en el Código Penal Federal.
Alcance mediático
El testimonio de De la Vega no solo quedó en una carpeta ministerial: ya circula ampliamente en redes sociales. El video publicado en TikTok acumula más de 735 mil reproducciones al 25 de agosto de 2025, lo que lo convierte en un caso de alto impacto mediático, donde la opinión pública y la presión social podrían jugar un papel en el curso de la investigación.
La viralización del contenido refleja el creciente uso de las plataformas digitales como canal para denunciar hechos que los afectados consideran ignorados por las autoridades, aunque al mismo tiempo abre debates sobre la responsabilidad en la difusión de testimonios no verificados judicialmente.
