Ciudad de México, 21 de septiembre de 2025. — La diputada federal de Morena por Baja California, Hilda Araceli Brown Figueredo, enfrenta señalamientos delicados luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos la incluyera en una lista de sancionados por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción conocida como La Mayiza.
La OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) anunció que Brown, ex presidenta municipal de Playas de Rosarito y actual legisladora en el Congreso federal, habría facilitado, durante su administración municipal, condiciones para que operadores del crimen organizado influyeran en decisiones de gobierno y controlaran sectores estratégicos en la ciudad.
Los señalamientos
De acuerdo con el comunicado estadounidense, Brown habría mantenido cercanía con Candelario Arcega Aguirre, “El Cande”, identificado como operador político del cártel, lo que permitió que empresarios locales ligados al narcotráfico se beneficiaran con contratos y protección institucional. Entre ellos se mencionan a Jesús González Lomelí, vinculado con bares y restaurantes en la región, y a los hermanos Alfonso “El Aquiles” y René “La Rana” Arzate, operadores de alto nivel del Cártel de Sinaloa.
El esquema descrito incluye cobros de extorsión a negocios de Rosarito, contratos públicos favoreciendo a empresas ligadas a la organización criminal y omisiones de la policía municipal ante operaciones del cártel.
Reacciones en México
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) habría iniciado bloqueos de cuentas bancarias de algunas personas y empresas relacionadas con esta red, mientras se analiza si procede denunciar formalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Por su parte, la diputada Brown negó rotundamente los señalamientos, calificándolos como una “infamia” y asegurando que no ha recibido notificación oficial de sanciones ni bloqueos en sus cuentas. “Esto busca desacreditarme políticamente”, declaró.
La gobernadora de Baja California afirmó no contar con información adicional más allá de lo publicado en medios y recordó que corresponde a las autoridades judiciales deslindar responsabilidades.
Estado del caso
Hasta el momento, no existe un proceso judicial abierto en México en contra de la legisladora. Las sanciones estadounidenses no equivalen a una condena, pero implican el congelamiento de bienes en ese país y la prohibición de transacciones financieras internacionales.
El caso mantiene en tensión el ámbito político y de seguridad en Baja California, pues coloca bajo la lupa la presunta infiltración del crimen organizado en gobiernos municipales y sus nexos con figuras políticas.
