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El comentario de Jesús Ortega
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Hay gestos de la presidenta de México con los cuales pretende ser reconocida como una gobernante justiciera, aunque tales gestos apenas pueden ser vistos como desechos de escenografías de una puesta en escena Del Gesticulador de Rodolfo Usigli.
En la obra de este dramaturgo (prohibida por el régimen de partido de Estado) un mediocre profesor de historia suplanta la identidad y la personalidad de un revolucionario lo que lo conduce, trágicamente, a ser el protagonista principal de una farsa política.
El pasado 9 de agosto, en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la presidenta Claudia Sheinbaum adopta gestos de una farsa y propone –con la solemnidad de una revolucionaria–rebautizar “el Paso de Cortés” como “Paso de los Pueblos Indígenas”.
La justificación para este cambio de nombre consiste en que por ese camino montañoso transitaron integrantes de los pueblos originarios mucho antes de que Hernán Cortés lo cruzara después de la matanza de Cholula.
El cambio de nombre se ofreció como un acto revolucionario de reconocimiento histórico a los pueblos indígenas.
Días antes se habían instalado monumentos a mujeres indígenas en el Paseo de la Reforma y más tiempo atrás, el Puente de Alvarado se convirtió en Calzada México-Tenochtitlán y la Noche Triste (así conocida la noche en que Cortés es vencido cuando huía de Tenochtitlan) en Noche Victoriosa.
Una misma operación se repite: eliminar del espacio público todos los símbolos coloniales y llenarlo con una exclusiva narrativa con la cual se llevaría a cabo una supuesta reivindicación indígena.
El problema, sin embargo, no es el cambio a la nomenclatura de monumentos, calles, caminos, eventos históricos. El problema es que estos gestos se han convertido en farsas y en actos demagógicos que suplantan una verdadera acción de políticas públicas que realmente reivindicara los derechos de los pueblos originarios.
Mientras el gobierno pierde el tiempo en discutir nombres de montañas, en levantar las estatuas de Cristóbal Colón en glorietas y jardines, en cambiarle nombres a calles y avenidas, los datos oficiales sobre la situación de los pueblos indígenas revelan una realidad mucho menos fotogénica.
Según la medición de pobreza multidimensional del INEGI, el 60.8 % de la población (7.8 millones de personas que se auto adscriben como indígenas, viven en condición de pobreza: Más grave aún, es que la pobreza extrema alcanza al 23 % de las y los indígenas, es decir, a 2.9 millones de personas. Entre quienes hablan una lengua indígena la cifra es aún más severa: 66.3 % en pobreza, más del doble del promedio nacional (29.6 %).
Entre 2018 y 2024, según el gobierno, salieron, de la pobreza alrededor de medio millón de personas indígenas. El gobierno lo celebra como un logro. Y lo es, en términos de ingreso.
Pero se trata de un logro sostenido principalmente por transferencias monetarias, no por la construcción de capacidades ni por el acceso efectivo a derechos sociales fundamentales.
Las carencias sociales muestran el tamaño del vacío. El 36.3 % de la población indígena presenta rezago educativo, frente al 18.6 % nacional. Entre los hablantes de lenguas indígenas el porcentaje se acerca al 47 %.
El analfabetismo entre mujeres indígenas llega al 20.1 %, mientras que entre las no indígenas es del 3.6 %. En salud, la carencia resulta especialmente grave en la infancia: el 55.5 % de las niñas, niños y adolescentes indígenas de entre 3 y 17 años no tiene acceso efectivo a servicios de salud.
En las escuelas indígenas, dos de cada tres primarias carecen de servicios básicos — agua, electricidad, sanitarios — .
La infraestructura sigue siendo precaria, los docentes bilingües insuficientes y, en muchas regiones, el tiempo de traslado a un hospital se convierte en una forma de condena.
Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo — las entidades con mayor proporción de población indígena — continúan encabezando los índices de pobreza y pobreza extrema.
No es coincidencia, es estructura. Este indigenismo gesticulador funciona con una lógica precisa y perversa. Ofrece reconocimiento simbólico de alta visibilidad mediática a cambio de no tocar las causas profundas de la marginación en que viven los pueblos indígenas.
Cambiar el nombre de un paso de montaña es barato, rápido y genera titulares. Garantizar que una niña zapoteca termine la secundaria con calidad, o que un hospital funcione en las zonas altas de la Sierra Madre, es más caro, lleva tiempo y políticamente es menos rentable.
Las transferencias directas logran lo que cualquier gobierno populista necesita: aumentar el ingreso de manera visible y atribuible, pero sin romper las cadenas estructurales que alimentan y hacen crecer la pobreza y la dependencia.
El gobierno no alienta economías locales, regionales viables ni genera empleos dignos y bien remunerados. No convierten, los del gobierno, el reconocimiento constitucional en bienestar verdadero y autonomía real.
El resultado es una paradoja perversa. Se celebra la identidad indígena en el discurso oficial y se mantiene a las comunidades en una posición de subordinación material. Se les reconoce como sujetos de derecho público en la Constitución y se les niega, en los hechos, el derecho más elemental: el de no vivir en pobreza extrema.
Se les ofrece hacerlos parte de un pasado glorioso mientras se les administra un presente de marginación y un futuro de exclusión social y económica.
Hay algo profundamente tramposo en esta operación. Porque el reconocimiento genuino de los pueblos originarios no se mide por el número de calles rebautizadas ni por la cantidad de monumentos inaugurados.
Se mide por la reducción real de las brechas en educación, salud, vivienda y capacidad de generar ingreso propio. Se mide por si una comunidad puede decidir sobre sus recursos sin intermediarios clientelares. Se mide por si los niños dejan de abandonar la escuela a los doce años para trabajar.
Mientras tanto, el indigenismo de gestos sigue cumpliendo su función: permitir que el poder se presente como redentor de una deuda histórica sin tener que pagar el costo de saldarla.
Y los pueblos originarios, una vez más, quedan atrapados entre el símbolo que los celebra y la realidad que los mantiene al margen.
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Jesús Ortega Martínez
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Ingeniero químico y político mexicano, quien ha sido Diputado Federal en tres ocasiones, así como Senador de la República. Diputado Constituyente en la Ciudad de México, ex Presidente Nacional del PRD, opositor al populismo. Socialdemócrata.
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