Ciudad de México, 26 de septiembre de 2025. — La llegada de Hugo Aguilar Ortiz a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fue presentada como un parteaguas: por primera vez, un abogado de origen mixteco alcanzaba el máximo cargo del Poder Judicial. Sin embargo, detrás de la narrativa histórica de inclusión, emergen controversias que ponen en duda la congruencia entre el discurso de representación indígena y su práctica política y administrativa.
Una presidencia con números cuestionados
En comunicado oficial, la SCJN reconoció que la oficina de Aguilar cuenta con 103 empleados, cifra significativamente mayor a la de otros ministros. El ministro anunció un recorte del 40 %, para dejar la plantilla en 84 plazas, aunque sin detallar el impacto económico.
La revista digital EmeEquis había publicado previamente que la Presidencia de la Corte bajo Aguilar concentraba 97 asesores con un costo superior a 6 millones de pesos mensuales. El comunicado oficial no desmintió ni confirmó esa cifra, pero sí reveló que el número real de colaboradores era incluso mayor.
Asesores polémicos
Entre los nombres identificados en su equipo destacan perfiles que generan dudas sobre la naturaleza del apoyo recibido:
- Daniel Wong Ibarra, secretario auxiliar en la ponencia del presidente, señalado en notas periodísticas por vínculos con la iglesia La Luz del Mundo, cuestionada por su influencia política en distintos poderes del Estado.
- Vidulfo Rosales, abogado de larga trayectoria en derechos humanos y representante legal de familias del caso Ayotzinapa, quien aporta un perfil técnico más cercano al discurso original de Aguilar.
La falta de una lista oficial completa de asesores mantiene la opacidad sobre la verdadera composición de su equipo, donde también se mencionan exaspirantes políticos y morenistas.
De defensor indígena a operador de megaproyectos
Antes de llegar a la Corte, Aguilar ocupó cargos en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). Desde ahí coordinó consultas para proyectos como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico, procesos señalados por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos como carentes de estándares internacionales.
Diversos activistas indígenas, como Joaquín Galván, lo acusan de “burocratizar el despojo” e imponer la agenda de los megaproyectos gubernamentales. En contraste, la lingüista Yásnaya Aguilar Gil ha advertido que su llegada a la SCJN puede ser vista como una “jugada maestra”: inclusión simbólica de un rostro indígena en un poder históricamente elitista, sin necesariamente traducirse en cambios sustantivos.
Controversias delicadas
Algunas acusaciones carecen de sustento judicial pero han sido difundidas por activistas:
- Presunto encubrimiento de acoso sexual dentro del INPI, cuando Aguilar dirigía su área jurídica.
- Caso Sandra Domínguez, defensora indígena desaparecida en octubre de 2024 y hallada sin vida en abril de 2025. Según Galván, el equipo de Aguilar habría intentado ofrecerle un “cheque abierto” para que retirara una denuncia de acoso contra funcionarios. Ninguna autoridad ha vinculado formalmente al ministro presidente con estos hechos, pero la sospecha sigue abierta.
Legitimidad electoral en entredicho
Aguilar fue electo en junio de 2025 en la primera elección popular de ministros de la SCJN. Su triunfo estuvo marcado por la polémica de los llamados “acordeones”, papeletas con listas de candidatos distribuidas entre votantes y que coincidieron con los ganadores finales. Cinco consejeros del INE votaron en contra de validar la elección por considerar que hubo irregularidades, aunque el resultado fue ratificado.
El propio Aguilar se defendió diciendo: “A mí no me puso nadie; fue un mandato del pueblo”.
Una presidencia bajo la lupa
El reto de Aguilar al frente de la SCJN no se limita a encabezar un poder del Estado: deberá demostrar que su origen indígena no se reduce a un escudo simbólico. Los cuestionamientos sobre su nómina millonaria, la presencia de asesores con vínculos políticos y religiosos, y las denuncias de activistas lo colocan en el centro de un escrutinio inédito.
La pregunta que queda en el aire: ¿será su gestión un paso hacia la transformación real del Poder Judicial o la confirmación de que la representación indígena puede ser usada como fachada política?
